Competencias
Conocimientos normativos:
a) Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y sus normas asociadas.
b) Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y sus normas asociadas.
c) Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2017, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su reglamento y demás normas asociadas.
d) Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, y sus normas asociadas.
e) Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y sus normas asociadas.
f) Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y sus normas asociadas.
g) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1976 y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ambos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y sus normas asociadas.
h) Ley N° 20.377, sobre la Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas, y sus normas asociadas.
i) Ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
j) Ley N° 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional.
k) Ley N° 21.775, que introduce la Calificación Jurídica de Ausente por Desaparición Forzada y crea un registro especial.
l) Otras normativas del sector público sobre probidad, transparencia, procesos y actos administrativos, deberes y derechos funcionarios, responsabilidad administrativa, presupuesto, entre otros.
Conocimientos técnicos:
a) Conocimiento de la estructura del Congreso: Implica entender la organización y funcionamiento del cuerpo legislativo nacional, incluyendo sus cámaras y comités, procesos de deliberación y aprobación de leyes, así como las dinámicas políticas y relaciones interinstitucionales.
b) Derecho y proceso legislativo: Implica el entendimiento de las etapas y procedimientos que involucran la creación, modificación y aprobación de leyes. Esto incluye el papel de las diferentes cámaras legislativas, comités, audiencias públicas y el proceso de votación.
c) Actualización y aplicación práctica de Derechos Humanos: Capacidad para mantenerse actualizado/a en tendencias, investigaciones y cambios normativos nacionales e internacionales en derechos humanos, comprendiendo y aplicando sus principios en contextos legales y situaciones cotidianas, integrando este enfoque en el análisis, diseño y promoción de políticas públicas y en la defensa de los derechos de las personas.
d) Elaboración de reglamentación: Capacidad de redactar y elaborar anteproyectos de leyes, reglamentos y otras resoluciones legales de manera clara y efectiva. También implica la habilidad para traducir principios de derechos humanos en disposiciones legales concretas.
e) Investigación y análisis jurídico: Estudio profundo y detenido de cuestiones normativas y legales específicas. Implica el análisis de leyes, regulaciones y jurisprudencia para comprender su aplicación y alcance en casos particulares.
Competencias transversales:
a) Colaboración y compromiso en el trabajo: Capacidad para establecer y mantener relaciones de trabajo basadas en la cooperación, el respeto y la colaboración tanto con personas y áreas internas de la institución, como con grupos de interés externos. Identifica y comprende la importancia de trabajar en equipo, reconociendo que todos comparten un objetivo común. Además, actúa con un compromiso firme hacia la visión, misión y valores de la Subsecretaría y se identifica con la función pública, brindando un servicio de excelencia a la ciudadanía.
b) Compromiso social, probidad y transparencia en el trabajo: Capacidad para actuar de manera coherente y comprometida con la visión, misión y valores institucionales, internalizando el impacto de su labor en la sociedad. Contribuye a la promoción y protección de los derechos humanos a través de sus acciones, decisiones y relaciones con los grupos de interés. Ejerce su función con una conducta funcionaria intachable, de manera honesta, honrada y leal, promoviendo el interés general de la ciudadanía por sobre el particular, respetando y cautelando la transparencia en todas sus actividades.
c) Excelencia y respeto en la ejecución del trabajo: Capacidad para realizar el trabajo de manera disciplinada y precisa, siguiendo los procesos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la normativa vigente. Persiste ante los obstáculos y busca constantemente oportunidades de mejora, con el objetivo de brindar un servicio de excelencia. Realiza su labor respetando a las personas funcionarias y ciudadanía, promoviendo relaciones fraternas y de buen trato, y ajustando su comportamiento a un enfoque de derechos humanos.
d) Justicia en la toma de decisiones: Capacidad para tomar decisiones imparciales y justas, considerando los estándares de justicia y los derechos humanos en todas las acciones y determinaciones tomadas en el desempeño de las funciones. Esto implica un compromiso irrestricto con la imparcialidad, la equidad y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.
Competencias específicas:
a) Comunicación efectiva: Habilidad para comunicar de manera efectiva sus ideas y perspectivas con el objetivo de promover el progreso de su trabajo y alcanzar los objetivos asignados, demostrando confianza y convicción tanto en su comunicación verbal como no verbal.
b) Orientación y asesoramiento profesional: Capacidad para brindar orientación clara y efectiva a interlocutores/as internos/as y/o externos/as de la Subsecretaría, ofreciendo asesoramiento y guía en relación con el manejo de información, procesos, procedimientos o soluciones. Utiliza un enfoque personalizado y adaptable, escuchando activamente y ajustando su comunicación para satisfacer las necesidades de cada interlocutor/a, promoviendo la toma de decisiones informadas y el logro de resultados exitosos.
c) Gestión efectiva de resultados: Capacidad para administrar de manera efectiva el propio trabajo, organizando las tareas, los tiempos y los recursos de acuerdo con las necesidades del contexto en el que se desenvuelve, con el fin de garantizar el logro de resultados. Implica la habilidad de planificar, monitorear y adaptarse a los cambios, mantener una actitud positiva y proactiva frente a los desafíos y las presiones.
d) Análisis y toma de decisiones: Capacidad para identificar, analizar y evaluar situaciones y hechos relevantes a su área de desempeño, utilizando diversas fuentes y aplicando métodos de análisis, con el fin de tomar decisiones fundadas. Implica la habilidad de recopilar, interpretar y sintetizar datos para obtener conclusiones lógicas y ofrecer respuestas o soluciones pertinentes.
e) Dominio técnico y actualización profesional: Capacidad para mantenerse actualizado/a y aplicar de manera efectiva los conocimientos técnicos relevantes en su campo de especialización, con el objetivo de mejorar su desempeño y contribución en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Implica estar al tanto de los avances y tendencias en el área, así como aplicar de manera adecuada y oportuna los conocimientos generales de la Administración Pública en materias de personas, compras públicas, presupuesto, transparencia, modernización del Estado, etc.
Etapas del proceso: El proceso de selección se estructura en tres etapas sucesivas y complementarias: reclutamiento, evaluación y selección, las cuales se desarrollan bajo criterios de transparencia, objetividad, mérito e igualdad de oportunidades.
La etapa de reclutamiento comprende el conjunto de acciones destinadas a atraer y gestionar postulaciones idóneas al cargo. Incluye la difusión del proceso a través del Portal Empleos Públicos (www.empleospublicos.cl), la recepción formal de antecedentes de postulación dentro de los plazos establecidos, y la verificación de admisibilidad, consistente en la revisión del cumplimiento de los requisitos formales y legales exigidos para el cargo, de acuerdo con las bases administrativas.
La etapa de evaluación tiene por finalidad analizar y ponderar las condiciones, competencias y experiencia de las personas postulantes que hayan sido declaradas admisibles. Para ello, se aplican las siguientes fases evaluativas:
- Evaluación curricular, orientada a revisar la formación y trayectoria laboral; y
- Evaluación global, realizada mediante entrevista por competencias, a cargo de una comisión de selección, la cual permite valorar aspectos conductuales, habilidades y adecuación al perfil requerido.
Cada una de estas instancias se desarrolla conforme a los criterios definidos en las bases administrativas.
Finamente, la etapa de selección corresponde a la decisión final del proceso y es de responsabilidad del Subsecretario de Derechos Humanos. La autoridad, en base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluación y a la propuesta presentada por la comisión de selección, determina la persona postulante que será designada en el cargo convocado, resguardando el cumplimiento de los principios de mérito, idoneidad y ajuste al perfil requerido.
Documentación requerida para la postulación: Toda la documentación que se presente en la postulación debe corresponder a una copia digital simple, en formato PDF, de los documentos originales, según corresponda.
La documentación mínima requerida para la postulación es la siguiente:
a) Copia digital de cédula de identidad nacional, por anverso y reverso, en formato PDF.
b) Copia digital de certificado de título profesional, según lo especificado en los puntos 2.4 y 3.2.2 letras a) y b) de las bases administrativas, en formato PDF.
c) Copia digital de certificados que acrediten cursos de capacitación, postítulos y/o postgrados, con sus horas lectivas, según lo indicado en el punto 2.5 de las bases administrativas, en formato PDF.
d) Certificado digital de experiencia laboral específica en formato del Portal Empleos Públicos, link: https://www.empleospublicos.cl/documentos/certificadoLaboral.doc, en formato PDF.
e) Declaración jurada digital, que acredite cumplimiento de los requisitos de ingreso (artículo 12 letra c), e) y f) del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004; y artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000), disponible en “Convocatoria” del Portal Empleos Públicos (www.empleospublicos.cl).
f) Copia digital de la certificación a que se refieren los artículos 55 y 56 de la Ley N° 20.422 (certificado y/o credencial de discapacidad), en formato PDF, si corresponde.
g) Currículum vitae, disponible en Portal Empleos Públicos (www.empleospublicos.cl), sección “Menú > Mi CV”.
Para efectos de validación, solo se considerarán aquellos antecedentes que se encuentren completos, legibles, en formato PDF y que permitan verificar de manera clara el cumplimiento de los requisitos exigidos. La omisión, inconsistencia, entrega fuera de tiempo y/o forma, o falta de información en los documentos presentados implica que estos no serán considerados para efectos de la admisibilidad o evaluación de la postulación.
Recepción de antecedentes: Todas las personas interesadas deberán postular únicamente por medio del Portal Empleos Públicos (www.empleospublicos.cl), en los plazos que se consignan en el punto 3.5 de las bases administrativas.
Admisibilidad: La Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los puntos 3.2.1 y 3.2.2 de las bases administrativas, por medio de los antecedentes acompañados por la persona postulante.
Aquellas postulaciones que cumplan íntegramente los requisitos exigidos serán declaradas “admisibles” y pasarán a la “Fase 1. Evaluación curricular”. Por su parte, las postulaciones que no cumplan con uno o más de dichos requisitos serán declaradas “inadmisibles”.
La declaración de inadmisibilidad será notificada a la persona postulante por medio del Portal Empleos Públicos (www.empleospublicos.cl).
Metodología de evaluación: Solo podrán acceder a la etapa de evaluación, aquellas postulaciones declaradas “admisibles” de acuerdo con lo indicado en el punto 3.2.6 de las bases administrativas.
La evaluación se realizará utilizando la metodología “evaluación sucesiva de factores”, por lo que la puntuación mínima por etapas determinará el paso a las etapas superiores.
La evaluación constará de las dos fases que se detallan a continuación.
Rúbrica de evaluación:
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Fase
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Criterio
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Factor
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Puntaje
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Fact.
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Min.
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Máx.
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Fase 1.
Evaluación curricular
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Experiencia laboral
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Certifica más de 4 años de experiencia profesional en las funciones señaladas en el punto 2.2 de las bases administrativas.
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25
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18
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40
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Certifica más de 3 años y hasta 4 años de experiencia profesional en las funciones señaladas en el punto 2.2 de las bases administrativas.
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20
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Certifica más de 2 años y hasta 3 años de experiencia profesional en las funciones señaladas en el punto 2.2 de las bases administrativas.
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15
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|
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Certifica más de 1 año y hasta 2 años de experiencia profesional en las funciones señaladas en el punto 2.2 de las bases administrativas.
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10
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|
|
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Certifica hasta 1 año de experiencia profesional en las funciones señaladas en el punto 2.2 de las bases administrativas.
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5
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|
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No certifica experiencia profesional en las funciones señaladas en el punto 2.2 de las bases administrativas.
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0
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|
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Especialización
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Acredita uno o más postgrados en las materias indicadas en el punto 2.5 de las bases administrativas.
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10
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|
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|
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Acredita dos o más postítulos o diplomados en las materias indicadas en el punto 2.5 de las bases administrativas.
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5
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No acredita estudios de especialización en las materias indicadas en el punto 2.5 de las bases administrativas.
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0
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|
|
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Capacitación
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Acredita 40 o más horas de capacitación en las materias indicadas en el punto 2.5 de las bases administrativas.
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5
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Acredita entre 30 y 39 horas de capacitación en las materias indicadas en el punto 2.5 de las bases administrativas.
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4
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Acredita entre 20 y 29 horas de capacitación en las materias indicadas en el punto 2.5 de las bases administrativas.
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3
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Acredita entre 10 y 19 horas de capacitación en las materias indicadas en el punto 2.5 de las bases administrativas.
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2
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Acredita entre 1 y 9 horas de capacitación en las materias indicadas en el punto 2.5 de las bases administrativas.
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1
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|
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No acredita horas de capacitación en las materias indicadas en el punto 2.5 de las bases administrativas.
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0
|
|
|
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Fase 2.
Evaluación global
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Entrevista por competencias
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=Nota promedio obtenida×Puntaje máximo del criterioNota máxima posible
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47
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60
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Total
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65
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100
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Fases de evaluación: La evaluación de las postulaciones se realizará sobre la base de dos fases: evaluación curricular y evaluación global, las cuales consideran distintos criterios y factores de ponderación, asignando un puntaje mínimo y máximo conforme al nivel de cumplimiento acreditado.
Fase 1. Evaluación curricular: Se evalúa la experiencia laboral, especialización y capacitación de la persona postulante, desagregándose en los siguientes criterios:
a) Experiencia laboral: Evalúa la experiencia profesional acreditada por la persona postulante en funciones relacionadas con el análisis crítico del ordenamiento jurídico nacional, orientadas a evaluar su coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos. Considera experiencia en elaboración de propuestas de reforma normativa, análisis de proyectos de ley, sistematización de jurisprudencia, elaboración de informes técnicos y generación de insumos especializados para el proceso legislativo y la toma de decisiones institucionales, conforme a las funciones establecidas en el punto 2.2 de las bases administrativas. La experiencia deberá ser acreditada mediante certificados emitidos por la institución o empleador correspondiente, los que deberán indicar claramente funciones desempeñadas y período trabajado.
b) Especialización: Evalúa la formación de especialización acreditada por la persona postulante en Derechos Humanos, Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Privado o Derecho Procesal, conforme a lo señalado en el punto 2.5 de las bases administrativas. La especialización deberá acreditarse mediante certificados, diplomas u otros documentos oficiales emitidos por establecimientos de educación superior, en los que conste claramente el nombre y horas del programa cursado y aprobado.
c) Capacitación: Evalúa las actividades de capacitación acreditadas por la persona postulante en Derechos Humanos, Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Privado o Derecho Procesal, conforme a lo señalado en el punto 2.5 de las bases administrativas. Las capacitaciones deberán acreditarse mediante certificados u otros documentos oficiales emitidos por instituciones reconocidas, en los que conste claramente el nombre de la actividad y el número de horas realizadas y aprobadas. Para efectos de evaluación, se considerará la sumatoria total de horas de capacitación acreditadas en las materias señaladas.
Avanzarán a la “Fase 2. Evaluación global”, hasta 10 postulaciones que obtengan los más altos puntajes de la fase 1, siempre y cuando hayan alcanzado 18 o más puntos.
Fase 2. Evaluación global: Corresponde a una entrevista individual o grupal realizada por la comisión de selección con las personas postulantes, instancia en la cual se evalúa las competencias, habilidades, conocimientos y aptitudes requeridas para el desempeño del cargo.
Para esta evaluación se contará con una comisión de selección integrada por:
a) Jefatura de la División de Protección, o quien esta designe.
b) Jefatura de la División de Administración y Finanzas, o quien esta designe.
c) Jefatura del Departamento de Análisis Normativo, o quien esta designe.
Cada integrante de la comisión asignará una calificación en una escala de 1,0 a 7,0 a diversos factores vinculados a las competencias institucionales, específicas y a los conocimientos técnicos y normativos del cargo. El promedio de las calificaciones otorgadas por la comisión constituirá la nota final de la entrevista de cada persona postulante, la cual servirá de base para el cálculo del puntaje correspondiente a esta fase.
El puntaje se calculará de acuerdo con lo siguiente: (Nota promedio obtenida × Puntaje máximo del criterio) / Nota máxima posible
Se considerarán como “postulaciones idóneas” aquellas que, una vez finalizadas las dos fases establecidas en las bases administrativas, obtengan un puntaje total igual o superior a 65 puntos, siempre que hayan alcanzado al menos 47 puntos en la fase 2.
Serán presentadas al Subsecretario/a de Derechos Humanos hasta 5 postulaciones idóneas con los más altos puntajes, conformándose así la quina de selección.
Selección: La Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional levantará un acta de selección, en la cual se deje constancia del proceso de evaluación realizado por la comisión de selección, incorporando un resumen de las etapas, fases y resultados del proceso. Dicho documento será enviado al Subsecretario de Derechos Humanos, para que proceda a la elección de la persona postulante que se adjudicará el cargo.
Junto al acta de selección, la Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional acompañará un análisis dotacional que contenga información sobre la composición del equipo de trabajo en el cual se desempeñará el cargo, incluyendo la distribución por género y la verificación de la existencia o no de paridad.
En caso de que el equipo no presente paridad de género, el Subsecretario de Derechos Humanos podrá priorizar la selección de una persona postulante que pertenezca al género subrepresentado en el equipo, en concordancia con los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación.
Finalmente, el Subsecretario de Derechos Humanos podrá declarar desierto el proceso en los siguientes casos:
a) Cuando no se reciban postulaciones “admisibles”, conforme a lo establecido en el punto 3.2.6 de las bases administrativas.
b) Cuando no se obtengan postulaciones “idóneas”, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del punto 3.3.3 de las bases administrativas.
c) Por razones de fuerza mayor.
d) Por modificaciones en las necesidades dotacionales del Servicio.
En todos los casos, esta decisión deberá formalizarse mediante el correspondiente acto administrativo.